Publicamos a continuacion el texto completo de la carta entregada a don Sebastian Piñera en conferencia del Instituto de Ciencias Politicas de Paris, el 20 de octubre 2010. Si adhieres a esta propuesta, envia un mail a otrasdistancias@gmail.com con el asunto "adhiero a carta".
Sr. Presidente,
A medida que transcurren los procesos electorales y se evocan discursos que presentan a Chile como una democracia y una economía ejemplar, sentimos que es nuestro deber como investigadores y académicos jóvenes, poner acento en denunciar las promesas incumplidas de una democracia inacabada y sus consecuencias en la agudización de las desigualdades y conflictos de nuestra sociedad.
Al asumir su mandato Ud. ha prometido iniciar una “nueva transición” hacia el desarrollo de Chile. Tal compromiso sólo podrá cumplirse a condición de generar un cambio profundo en las bases sociopolíticas y jurídicas de nuestro país. Para ello es imprescindible contar con una nueva Constitución Política que sea la base de un Nuevo Pacto Social de carácter histórico, que oriente los destinos de la sociedad que debemos construir en una democracia profunda.
Deseamos expresarle aquí la urgencia de iniciar tal proceso constituyente y emplazarle en su calidad de Presidente de la República a que convoque a los actores políticos y sociales para asumir este desafío. Queremos un Chile justo, definitivamente desligado de las herencias de la dictadura y dotado de una democracia sólida e inclusiva. Presentamos en esta carta lo que a nuestro juicio son los puntos fundamentales de esta ambición que apunta a construir un país para todos.
Es urgente rectificar el falso modelo de desarrollo.
Ciertamente Chile ha crecido económicamente en los últimos veinte años, cambiando incluso la condición de país subdesarrollado por la de país emergente. Sin embargo, sabemos perfectamente que tales investiduras no reflejan la realidad de una mayoría de nuestros compatriotas, que sufren cada día de los efectos nefastos del modelo de crecimiento chileno, que no garantiza desarrollo. Como contrafaz de un país que crece económicamente y accede a los foros internacionales de los países poderosos, existe una sociedad fragmentada, desigual, donde reina la inseguridad, porque no existen derechos sociales mínimos asegurados a cada ciudadano. Un país donde la mejor salud se paga muy caro, la vivienda un negocio en las manos de unos pocos, donde la jubilación depende de la especulación y la “buena educación” es un privilegio.
Ese modelo económico injusto, que tiene sus bases en el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet, está obsoleto y muestra ya sus flaquezas concretas en la crisis que atraviesan los sistemas de salud, educación y pensiones. Asimismo, en la insuficiencia de la estructura productiva y estatal para hacerse cargo de los desafíos de inclusión política, innovación científico técnica, protección y revaloración del medio ambiente, producción intelectual y artística, de cohesión social y solidaridad. Estos son elementos fundamentales para la construcción de un Chile republicano, capaz de enfrentar los desafíos del tercer milenio. Expresamos la firme convicción de que el sector público debe fortalecer su rol redistributivo y regulador, para garantizar el bienestar social y el desarrollo sostenible de Chile. Basta ver a los miembros de la OCDE, el selecto club internacional del que ahora formamos parte, para comprobar que el bien común exige una capacidad estatal de inversión y regulación en sectores sociales básicos como salud, educación y pensiones; y en las áreas estratégicas de energía, recursos hídricos y minerales.
Pese a las cifras oficiales de los últimos treinta años, seguimos teniendo una enorme deuda en cuanto a la superación de la pobreza. El éxito revelado por las cifras oficiales se debe en parte a indicadores obsoletos, basados en una canasta básica que apenas se ha modificado desde el retorno a la democracia. Este hecho no se condice con nuestra sociedad contemporánea, que impone nuevos hábitos de consumo y exigencias para entrar en el mercado de trabajo y desarrollar relaciones sociales. Asimismo, los indicadores de pobreza no miden la vulnerabilidad, siendo que entre 1996 y 2006, más de un tercio de los chilenos ha sido pobre, al menos, transitoriamente. Basta un accidente o enfermedad grave, un despido o incluso una ruptura familiar, para caer en una espiral de pauperización que puede ser irreversible. Vemos así que la vulnerabilidad social es un problema tan grave y mucho más masivo que la pobreza.
En resumen, crecimiento económico acelerado no es sinónimo de desarrollo, el que debe entenderse como bienestar y oportunidades para todos. La consecuencia directa de la aplicación abusiva de la ideología liberal de mercado durante cuarenta años ha provocado que en Chile hayan muchos más pobres que los que queremos ver. Por supuesto que estamos conscientes que es políticamente inconveniente sincerar los niveles de pobreza. ¿Qué gobierno tendría el valor de asumir el aumento creado por una corrección de la medición de estas cifras?
La desigualdad es un problema urgente: queremos un Chile para todos.
La libertad de mercado, sin regulación del Estado, lleva a la desigualdad extrema. El orden en que perseguimos nuestros ideales está invertido, puesto que la libre competencia no existe para quien compite en desventaja. La igualdad no es un resultado, sino un prerrequisito para la libertad y la justicia social.
El considerable crecimiento del PIB por habitante durante los años noventa, no se ha traducido en una mejora equivalente en el ingreso por familia para toda la población. De hecho, esta nueva riqueza ha sido acaparada esencialmente por el quintil más rico. Las diferencias de ingreso en Chile son enormes y siguen aumentando con fuerza. Cuatro familias controlan la mitad de la bolsa y el 12,5% del PIB. El diez por ciento más favorecido de la población acumula casi el 40% de los ingresos. Esto implica una escandalosa diferencia de nivel de vida respecto a la de una persona de clase media, la cual no se encuentra lejos, en términos de ingreso relativo, de los grupos más modestos ni de la línea de la pobreza.
El problema de la desigualdad debe ser atacado sin tregua y simultáneamente desde múltiples frentes. El más emblemático es probablemente la educación, que actualmente tiende a reproducir la segregación social y el clasismo. Las diferencias de desempeño escolar son abismantes entre los sectores privado, mixto y subvencionado, y están directamente relacionadas con el ingreso. La experiencia internacional demuestra que para subsanar esta injusticia se necesita revalorar y consolidar el rol explícitamente redistributivo de la educación pública. Es el Estado quien debe asegurar una educación de calidad para todos, ya que la evidencia científica demuestra que ésta no puede confiarse a la iniciativa de grupos particulares motivados por el lucro. Y las perspectivas laborales deben mejorarse a la par de la educación. El reciente drama de los mineros nos ha recordado las condiciones paupérrimas en las que se desempeñan aún miles de trabajadores chilenos. El verdadero desarrollo exige oportunidades de trabajo digno, valorizante y con un salario justo para todos.
Es importante reconocer que en los últimos años se ha avanzado en estos aspectos, pero ciertos grupos de interés han impedido que un Estado social se consolide en nuestro país. Chile posee los recursos y las fuentes de riqueza, ya es hora de distribuirlas con justicia. Nuestro país tiene una desigualdad estructural, heredada desde tiempos de la colonia, acentuada en dictadura y mantenida en democracia. Para el anhelado “salto al desarrollo” es imprescindible instaurar un sistema de solidaridad orgánica e incluyente.
Un Nuevo Pacto Social debe fundarse en una Constitución legítimamente democrática.
La actual Constitución Política de la República, creada en dictadura, es una camisa de fuerza que moldea nuestra institucionalidad para la conveniencia de las cúpulas. Bajo este ordenamiento, el Estado chileno es incapaz de enfrentar adecuadamente los problemas sociales dado a su condición de subsidiario, que lo transforma en una agencia asistencial. El modelo económico excluyente que consagra la Constitución es la herencia más persistente de la dictadura militar. Las reformas y ajustes durante los gobiernos de la Concertación no han logrado dotarla de fuerza moral ni de legitimidad democrática. Una Constitución debería ser el reflejo del alma nacional, la voluntad de los ciudadanos expresada en el ordenamiento jurídico. La Constitución autoritaria que nos rige otorga el ejercicio efectivo del poder a una minoría que no representa a la sociedad chilena, falseando la promesa de una democracia representativa. El sistema electoral binominal no expresa la voluntad de quienes ejercen su derecho a voto, sino de quienes manejan el aparato político. Nos mantiene atados a gastadas opciones, no permite la aparición de nuevas alternativas y desincentiva la participación del electorado. Chile es más diverso que las dos grandes coaliciones que dominan el congreso y necesita una nueva ley de elecciones más representativa. La iniciativa popular de ley y el referéndum vinculante, son elementos que demostrarían que nuestro país no le tiene miedo a la democracia ni a la voluntad popular.
Bajo el actual ordenamiento jurídico, los grupos étnicos y las minorías no tienen ningún reconocimiento, viendo así negada toda posibilidad de representación efectiva. Este es, entre otros, el caso del Pueblo Mapuche, primero víctima de la violencia colonizadora y posteriormente de la violencia del Estado chileno, que los discrimina y los ha estigmatizado como terroristas, toda vez que hipócritamente se enarbola el valor de los pueblos originarios y se les exhibe como piezas de museo. Un mínimo de justicia histórica exige el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y de sus derechos. Chile está construido de muchas memorias, enraizadas en las culturas y subculturas de sus habitantes, siendo indispensable que la ley reconozca esta diversidad.
A medida que transcurren los procesos electorales y se evocan discursos que presentan a Chile como una democracia y una economía ejemplar, sentimos que es nuestro deber como investigadores y académicos jóvenes, poner acento en denunciar las promesas incumplidas de una democracia inacabada y sus consecuencias en la agudización de las desigualdades y conflictos de nuestra sociedad.
Al asumir su mandato Ud. ha prometido iniciar una “nueva transición” hacia el desarrollo de Chile. Tal compromiso sólo podrá cumplirse a condición de generar un cambio profundo en las bases sociopolíticas y jurídicas de nuestro país. Para ello es imprescindible contar con una nueva Constitución Política que sea la base de un Nuevo Pacto Social de carácter histórico, que oriente los destinos de la sociedad que debemos construir en una democracia profunda.
Deseamos expresarle aquí la urgencia de iniciar tal proceso constituyente y emplazarle en su calidad de Presidente de la República a que convoque a los actores políticos y sociales para asumir este desafío. Queremos un Chile justo, definitivamente desligado de las herencias de la dictadura y dotado de una democracia sólida e inclusiva. Presentamos en esta carta lo que a nuestro juicio son los puntos fundamentales de esta ambición que apunta a construir un país para todos.
Es urgente rectificar el falso modelo de desarrollo.
Ciertamente Chile ha crecido económicamente en los últimos veinte años, cambiando incluso la condición de país subdesarrollado por la de país emergente. Sin embargo, sabemos perfectamente que tales investiduras no reflejan la realidad de una mayoría de nuestros compatriotas, que sufren cada día de los efectos nefastos del modelo de crecimiento chileno, que no garantiza desarrollo. Como contrafaz de un país que crece económicamente y accede a los foros internacionales de los países poderosos, existe una sociedad fragmentada, desigual, donde reina la inseguridad, porque no existen derechos sociales mínimos asegurados a cada ciudadano. Un país donde la mejor salud se paga muy caro, la vivienda un negocio en las manos de unos pocos, donde la jubilación depende de la especulación y la “buena educación” es un privilegio.
Ese modelo económico injusto, que tiene sus bases en el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet, está obsoleto y muestra ya sus flaquezas concretas en la crisis que atraviesan los sistemas de salud, educación y pensiones. Asimismo, en la insuficiencia de la estructura productiva y estatal para hacerse cargo de los desafíos de inclusión política, innovación científico técnica, protección y revaloración del medio ambiente, producción intelectual y artística, de cohesión social y solidaridad. Estos son elementos fundamentales para la construcción de un Chile republicano, capaz de enfrentar los desafíos del tercer milenio. Expresamos la firme convicción de que el sector público debe fortalecer su rol redistributivo y regulador, para garantizar el bienestar social y el desarrollo sostenible de Chile. Basta ver a los miembros de la OCDE, el selecto club internacional del que ahora formamos parte, para comprobar que el bien común exige una capacidad estatal de inversión y regulación en sectores sociales básicos como salud, educación y pensiones; y en las áreas estratégicas de energía, recursos hídricos y minerales.
Pese a las cifras oficiales de los últimos treinta años, seguimos teniendo una enorme deuda en cuanto a la superación de la pobreza. El éxito revelado por las cifras oficiales se debe en parte a indicadores obsoletos, basados en una canasta básica que apenas se ha modificado desde el retorno a la democracia. Este hecho no se condice con nuestra sociedad contemporánea, que impone nuevos hábitos de consumo y exigencias para entrar en el mercado de trabajo y desarrollar relaciones sociales. Asimismo, los indicadores de pobreza no miden la vulnerabilidad, siendo que entre 1996 y 2006, más de un tercio de los chilenos ha sido pobre, al menos, transitoriamente. Basta un accidente o enfermedad grave, un despido o incluso una ruptura familiar, para caer en una espiral de pauperización que puede ser irreversible. Vemos así que la vulnerabilidad social es un problema tan grave y mucho más masivo que la pobreza.
En resumen, crecimiento económico acelerado no es sinónimo de desarrollo, el que debe entenderse como bienestar y oportunidades para todos. La consecuencia directa de la aplicación abusiva de la ideología liberal de mercado durante cuarenta años ha provocado que en Chile hayan muchos más pobres que los que queremos ver. Por supuesto que estamos conscientes que es políticamente inconveniente sincerar los niveles de pobreza. ¿Qué gobierno tendría el valor de asumir el aumento creado por una corrección de la medición de estas cifras?
La desigualdad es un problema urgente: queremos un Chile para todos.
La libertad de mercado, sin regulación del Estado, lleva a la desigualdad extrema. El orden en que perseguimos nuestros ideales está invertido, puesto que la libre competencia no existe para quien compite en desventaja. La igualdad no es un resultado, sino un prerrequisito para la libertad y la justicia social.
El considerable crecimiento del PIB por habitante durante los años noventa, no se ha traducido en una mejora equivalente en el ingreso por familia para toda la población. De hecho, esta nueva riqueza ha sido acaparada esencialmente por el quintil más rico. Las diferencias de ingreso en Chile son enormes y siguen aumentando con fuerza. Cuatro familias controlan la mitad de la bolsa y el 12,5% del PIB. El diez por ciento más favorecido de la población acumula casi el 40% de los ingresos. Esto implica una escandalosa diferencia de nivel de vida respecto a la de una persona de clase media, la cual no se encuentra lejos, en términos de ingreso relativo, de los grupos más modestos ni de la línea de la pobreza.
El problema de la desigualdad debe ser atacado sin tregua y simultáneamente desde múltiples frentes. El más emblemático es probablemente la educación, que actualmente tiende a reproducir la segregación social y el clasismo. Las diferencias de desempeño escolar son abismantes entre los sectores privado, mixto y subvencionado, y están directamente relacionadas con el ingreso. La experiencia internacional demuestra que para subsanar esta injusticia se necesita revalorar y consolidar el rol explícitamente redistributivo de la educación pública. Es el Estado quien debe asegurar una educación de calidad para todos, ya que la evidencia científica demuestra que ésta no puede confiarse a la iniciativa de grupos particulares motivados por el lucro. Y las perspectivas laborales deben mejorarse a la par de la educación. El reciente drama de los mineros nos ha recordado las condiciones paupérrimas en las que se desempeñan aún miles de trabajadores chilenos. El verdadero desarrollo exige oportunidades de trabajo digno, valorizante y con un salario justo para todos.
Es importante reconocer que en los últimos años se ha avanzado en estos aspectos, pero ciertos grupos de interés han impedido que un Estado social se consolide en nuestro país. Chile posee los recursos y las fuentes de riqueza, ya es hora de distribuirlas con justicia. Nuestro país tiene una desigualdad estructural, heredada desde tiempos de la colonia, acentuada en dictadura y mantenida en democracia. Para el anhelado “salto al desarrollo” es imprescindible instaurar un sistema de solidaridad orgánica e incluyente.
Un Nuevo Pacto Social debe fundarse en una Constitución legítimamente democrática.
La actual Constitución Política de la República, creada en dictadura, es una camisa de fuerza que moldea nuestra institucionalidad para la conveniencia de las cúpulas. Bajo este ordenamiento, el Estado chileno es incapaz de enfrentar adecuadamente los problemas sociales dado a su condición de subsidiario, que lo transforma en una agencia asistencial. El modelo económico excluyente que consagra la Constitución es la herencia más persistente de la dictadura militar. Las reformas y ajustes durante los gobiernos de la Concertación no han logrado dotarla de fuerza moral ni de legitimidad democrática. Una Constitución debería ser el reflejo del alma nacional, la voluntad de los ciudadanos expresada en el ordenamiento jurídico. La Constitución autoritaria que nos rige otorga el ejercicio efectivo del poder a una minoría que no representa a la sociedad chilena, falseando la promesa de una democracia representativa. El sistema electoral binominal no expresa la voluntad de quienes ejercen su derecho a voto, sino de quienes manejan el aparato político. Nos mantiene atados a gastadas opciones, no permite la aparición de nuevas alternativas y desincentiva la participación del electorado. Chile es más diverso que las dos grandes coaliciones que dominan el congreso y necesita una nueva ley de elecciones más representativa. La iniciativa popular de ley y el referéndum vinculante, son elementos que demostrarían que nuestro país no le tiene miedo a la democracia ni a la voluntad popular.
Bajo el actual ordenamiento jurídico, los grupos étnicos y las minorías no tienen ningún reconocimiento, viendo así negada toda posibilidad de representación efectiva. Este es, entre otros, el caso del Pueblo Mapuche, primero víctima de la violencia colonizadora y posteriormente de la violencia del Estado chileno, que los discrimina y los ha estigmatizado como terroristas, toda vez que hipócritamente se enarbola el valor de los pueblos originarios y se les exhibe como piezas de museo. Un mínimo de justicia histórica exige el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y de sus derechos. Chile está construido de muchas memorias, enraizadas en las culturas y subculturas de sus habitantes, siendo indispensable que la ley reconozca esta diversidad.
La concepción y administración del territorio debe modernizarse. Chile es uno de los países más obstinadamente centralistas del mundo occidental. Desde hace décadas las regiones reclaman un mínimo de autonomía y se les ha entregado poco más que subsecretarías ministeriales. Esto no sólo es un menosprecio hacia las poblaciones locales, sino que es un modo ineficiente de administrar un territorio tan variado como el nuestro. Mientras la tendencia mundial es a la integración intersectorial del desarrollo regional, seguimos esperando que los seremis se pongan de acuerdo para aplicar las políticas correspondientes. Un paso importante ha sido la iniciativa de elegir a los consejeros regionales por voto directo. ¿Por qué no el intendente? La democracia profunda exige que quienes viven en cada región sean partícipes de las decisiones que los conciernen directamente.
Esperamos ansiosamente el día en que los chilenos repartidos por todo el mundo puedan ejercer su derecho a voto. Sabemos por experiencia propia que la distancia sólo refuerza nuestro vínculo con Chile y al mismo tiempo, conocer otros países enriquece la mirada sobre lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Cuándo podremos decir que, pensemos lo que pensemos y estemos dónde estemos, somos todos chilenos de pleno derecho? Es impresentable para un país que se exhibe moderno e inserto en el mundo desarrollado, que sus ciudadanos en el extranjero no puedan ejercer el derecho a voto, ni siquiera para una elección presidencial.
Sr. Presidente, es en gran parte gracias al sacrificio y aporte de todos los chilenos, que hemos tenido el privilegio de poder optar a una educación de alto nivel. Cómo ignorar las falencias de nuestro sistema, cuando cada día en nuestra labor científica y académica vemos que estamos lejos de la imagen parcial e idealizada de nuestro país, construida al servicio de intereses económicos y políticos. No podemos callar ni conformarnos, se lo debemos a nuestros compatriotas que no han podido estudiar ni conocer otras realidades. Por ello, asumimos el deber y el compromiso de manifestar nuestra visión sobre el rumbo que quisiéramos emprender, para construir una sociedad basada en la búsqueda del bienestar y de oportunidades para todos. En esta intención nos sumamos a quienes desde hace décadas abogan por esta causa, con autoridad y experiencia.
Estamos convencidos que la democracia va mucho más allá de los instrumentos de eficiencia y de técnica administrativa, debiendo instaurarse las bases para una genuina cultura democrática, a la altura de las renovadas expectativas de derechos y libertades de la sociedad chilena contemporánea. Creemos firmemente que una concepción basada únicamente en el poder de la gestión vuelve estériles experiencias fundamentales de cualquier democracia moderna, como son participación, asociatividad, debate público y fortalecimiento de la sociedad civil. Los ciudadanos merecen más poder para ser actores y no meros espectadores de la gestación del futuro de su país.
Esperamos que la promesa de transición al desarrollo no se diluya en retóricas vacías, y que se tenga el coraje de convocar a un proceso conducente a un Nuevo Pacto Social, el que es imprescindible para que Chile sea capaz de enfrentar adecuadamente este siglo. Quienes dedicamos nuestro tiempo a analizar y trabajar estos temas, estaremos vigilantes y dispuestos a aportar en las profundas reformas necesarias para construir una sociedad verdaderamente democrática.
Se despide atentamente,
Asociación Otra Distancia, Investigadores Chilenos en Francia
Matías Garretón
Daniel Grimaldi
Cristóbal Balbontín
Mauricio Onetto
Rodrigo Torres
Daniel Matus
Martín Tironi
Juan Cristóbal Hermosilla
Patricia Vargas
Adhieren a esta carta:
Josefina Gutierrez, Pablo Garreton, Daniel Mauricio Gonzalez, Ricardo Abdon, Diego Pitters, Elisa Broussain, Marcela Weason, Juan Pablo Galleguillos, Ricardo Jovel, Sibila Basaure, Marisol Navarrete, Nathalie Goldstein, Cecilia Baeza, Cristian Unanue, Cristobal Arratia, Roselia Olmedo, Manuel Garate, Rene Jara, Guillermo Montt, Constanza Symmes, Rodrigo Zuñiga, Oscar Ignacio Contreras, Alvaro Castillo, Hanna Goldener.
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Esperamos ansiosamente el día en que los chilenos repartidos por todo el mundo puedan ejercer su derecho a voto. Sabemos por experiencia propia que la distancia sólo refuerza nuestro vínculo con Chile y al mismo tiempo, conocer otros países enriquece la mirada sobre lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Cuándo podremos decir que, pensemos lo que pensemos y estemos dónde estemos, somos todos chilenos de pleno derecho? Es impresentable para un país que se exhibe moderno e inserto en el mundo desarrollado, que sus ciudadanos en el extranjero no puedan ejercer el derecho a voto, ni siquiera para una elección presidencial.
Sr. Presidente, es en gran parte gracias al sacrificio y aporte de todos los chilenos, que hemos tenido el privilegio de poder optar a una educación de alto nivel. Cómo ignorar las falencias de nuestro sistema, cuando cada día en nuestra labor científica y académica vemos que estamos lejos de la imagen parcial e idealizada de nuestro país, construida al servicio de intereses económicos y políticos. No podemos callar ni conformarnos, se lo debemos a nuestros compatriotas que no han podido estudiar ni conocer otras realidades. Por ello, asumimos el deber y el compromiso de manifestar nuestra visión sobre el rumbo que quisiéramos emprender, para construir una sociedad basada en la búsqueda del bienestar y de oportunidades para todos. En esta intención nos sumamos a quienes desde hace décadas abogan por esta causa, con autoridad y experiencia.
Estamos convencidos que la democracia va mucho más allá de los instrumentos de eficiencia y de técnica administrativa, debiendo instaurarse las bases para una genuina cultura democrática, a la altura de las renovadas expectativas de derechos y libertades de la sociedad chilena contemporánea. Creemos firmemente que una concepción basada únicamente en el poder de la gestión vuelve estériles experiencias fundamentales de cualquier democracia moderna, como son participación, asociatividad, debate público y fortalecimiento de la sociedad civil. Los ciudadanos merecen más poder para ser actores y no meros espectadores de la gestación del futuro de su país.
Esperamos que la promesa de transición al desarrollo no se diluya en retóricas vacías, y que se tenga el coraje de convocar a un proceso conducente a un Nuevo Pacto Social, el que es imprescindible para que Chile sea capaz de enfrentar adecuadamente este siglo. Quienes dedicamos nuestro tiempo a analizar y trabajar estos temas, estaremos vigilantes y dispuestos a aportar en las profundas reformas necesarias para construir una sociedad verdaderamente democrática.
Se despide atentamente,
Asociación Otra Distancia, Investigadores Chilenos en Francia
Matías Garretón
Daniel Grimaldi
Cristóbal Balbontín
Mauricio Onetto
Rodrigo Torres
Daniel Matus
Martín Tironi
Juan Cristóbal Hermosilla
Patricia Vargas
Adhieren a esta carta:
Josefina Gutierrez, Pablo Garreton, Daniel Mauricio Gonzalez, Ricardo Abdon, Diego Pitters, Elisa Broussain, Marcela Weason, Juan Pablo Galleguillos, Ricardo Jovel, Sibila Basaure, Marisol Navarrete, Nathalie Goldstein, Cecilia Baeza, Cristian Unanue, Cristobal Arratia, Roselia Olmedo, Manuel Garate, Rene Jara, Guillermo Montt, Constanza Symmes, Rodrigo Zuñiga, Oscar Ignacio Contreras, Alvaro Castillo, Hanna Goldener.
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Absolutamente de acuerdo amigos!, y sigan trabajando arduamente, que un paìs entero los necesita. A seguir haciendo ver, lo que para otros simplemente es invisible!
ResponderEliminarClaramente debemos hacer uso y abuso de estas plataformas de internet que aun no han podido censurar... para informar y conectar a todos nuestros compatriotas esten donde esten y al resto del mundo tambien.
ResponderEliminarSaludos y mucha fuerza desde Aotearoa, New Zealand
Gracias y estoy muy de acuerdo con esta carta. Esta carta refleja las aspiraciones de muchos quienes entendemos que, de una forma u otra, una sociedad equitativa nos beneficia a todos, brindando bases reales para confiar en nuestro progreso.
ResponderEliminarInteresantes opiniones, como todas, de otro grupo mas de expats chilenos.
ResponderEliminarBuenas tardes,
ResponderEliminarLas grandes ausentes de su carta son las mujeres chilenas. Somos mas del 50% de la poblacion de la fertil provincia y no obtuvimos ni una linea en la carta que le entregaron al presidente. Mal se puede hablar de igualdad si mas de la mitad del pais no esta incluido.
Las problematicas de las chilenas no son temas solo de mujeres. Afectan a la sociedad en su conjunto: cuando se debate sobre los derechos reproductivos y sexuales no se debate sobre la supuesta "muerte" de un "futuro feto", es también un debate sobre la igualdad entre individuos de diferente sexo frente a la constitution y la sociedad... por qué el cuerpo de la mujer chilena no le pertenece a ella sino a la sociedad? por qué no nos dejan decidir respecto de lo que hacemos o no con nuestro cuerpo?... por qué en Chile, los hombres se siente propietarios del cuerpo de la mujer? (los agarrones son la mejor prueba)
Lo anterior se expresa también en la violencia de género: obviamente, como existe en Chile una relacion asimetrica entre hombre y mujeres, los primeros se sienten con el derecho de ejercer la violencia sobre las segundas.
Entonces, en que parte de la carta se habla de la necesidad de cambiar las relaciones asimetricas entre hombres y mujeres?
En qué parte se cuestiona al Estado y al programa del actual mandatario sobre este tema?
En lo que respecta al uso de la palabra transicion... hace 20 años que la escuchamos... recuerdo que lo que mas me impacto en el discurso de Piñera cuando resulto electo, fue justamente que dijo que "ahora comienza una nueva transicion"... honestamente, es no entender que significo el fenomeno ME-O, y que habia significado antes Michelle Bachelet, y que habia significado en 1997 el gran aumento de votos blancos y nulos.
La ciudadania ya no quiere mas transicion. Las transiciones son validas para periodos cortos de tiempo, lo justo para reestablecer el oden. Luego, hay que dejar que vuelvan los partidos politicos a ejercer el rol que les corrresponde. La debilidad de los partidos politicos chilenos se condice también con los amarres que existen por el sistema binominal y por el funcionamiento del Poder Legislativo.
La transicion, particularmente durante los dos primeros gobiernos de la concertacion, solo logro crear una ciudadania débil, que no se involucra en la accion del Estado. En otras palabras, en Chile existe una sociedad civil esta adormecida, que no se siente reflejada por la clase politica. Y que no participa, porque desde un principio no se la dejo participar. Esa fue la transicion impuesta por el gobierno de Patricio Aylwin.
Epoca en la cual desaparecieron la mayoria de los diarios y revistas que jugaron un rol importante en la oposicion a la dictadura.
Entonces, hay en Chile un grave problema democratico que no solo tiene relacion con la desigualdad economica, sino que involucra la manera en que los diferentes actores politicos y sociales entienden en significado de la palabra democracia.
Y lamentablemente, ello no lo veo expresado en la carta que el entregaron al presidente (se puede leer algo en el penultimo parrafo de la carta).
El resto lo comparto.
un abrazo,
Myriam Paz Hernandez
Muy buena carta, adhiero completamente. Creo que da cuenta de los rasgos principales, esenciales, para la construccion de un Chile que efectivamente permita el desarrollo de todos sus habitantes. He de esperar que al menos algunas de esas ideas sean tomadas en cuenta por las autoridades. Hernan Carvajal Cortes
ResponderEliminarLa desviación del camino ideal ha sido de forma transversal, esto presenta la desventaja que no existe un conglomerado político salvador (tal vez nunca lo hay), pero la ventaja que lo hace mucho más reconocible y abordable, ya que, como no hay culpa personales, puede ser resuelto también en forma transversal. Me parece se está dando un ambiente de estas características, por un lado el oficialismo ha reconocido públicamente los avance realizados por la concertación, y por otro, esta ha ejercido una oposición mucho más moderada y cooperativa de lo que cualquiera hubiera esperado. Tal vez hay esperanza de hacer las cosas en forma aunadora, tal vez ahora tiremos todos pal mismo lado.
ResponderEliminarNo entendi exactamente que articulo de la Constitucion quieren cambiar. O sera algo simbolico mas que todo?
ResponderEliminarPierre,
ResponderEliminarNo se trata de hacer una reforma simbolica ni parcial. Ese fue precisamente el problema de las reformas del gobierno de Lagos, en que se hicieron mejoras pero donde el meollo del problema no se soluciono. Esto se debio en gran parte a que la Constitucion del 80 esta diseñada para evitar modificaciones de fondo.
Asi seguimos con un sistema electoral binominal y con un estado subsidiario sin capacidad redistributiva real, entre otras cosas. En respuesta a tu pregunta: necesitamos una Nueva Constitucion, y no seguir parchando la anterior.