El inmigrante y sus riesgos: Un nuevo desafío para la Ficha de Protección Social.

Sintesis de este articulo, publicado en revista INCAMI

La reciente inmigración proveniente de la región andina es un proceso nuevo frente al cual los servicios e instituciones del Estado no están preparados de manera conveniente(1). Esta cita corresponde a una de las afirmaciones del proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile, desarrollado por distintos representantes de la sociedad civil(2) en el año 2010. Para hacer frente a este “déficit institucional” el proyecto creó la Escuela de Formación para Agentes Estatales y de la Sociedad Civil (EFAEC), donde se llevó a cabo un interesante trabajo con funcionarios públicos para educarlos en ámbitos como las causas de la migración y sus condiciones de vulnerabilidad, la legislación migratoria chilena, las dificultades que se presentan en la atención a personas migrantes, los elementos centrales de una buena práctica.

El hecho de que la sociedad civil se haya organizado para formar a funcionarios del Estado chileno a fin de mejorar la entrega de derechos y programas públicos a extranjeros, constituye sin duda un gran paso en materia migratoria. Sin embargo, en estas líneas quisiera concentrarme en un instrumento público fundamental, al cual no se le ha dado la importancia requerida. Me refiero al papel que juega el proceso de inscripción a la Ficha de la Protección Social (FPS).  ¿Pero cómo acercar a los migrantes a sus derechos, sin incorporar al análisis los incentivos necesarios para que esta población proceda a inscribirse a la FPS? Esta pregunta puede parecer anodina, pero como trataré de mostrar a continuación, plantea desafíos importantes para mejorar el sistema de protección social y, de paso, nuestra política migratoria.

Desde sus inicios (año 2006) la FPS es un instrumento que busca identificar y priorizar con mayor precisión a la población que más necesita los beneficios sociales (especialmente subsidios monetarios y habitacionales), caracterizando de forma confiable la condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades. Mientras el anterior instrumento, la Ficha CAS, se inspiraba en la noción de carencias y recogía una concepción estática de la pobreza, clasificando a los hogares y personas según sus ingresos presentes, la FPS intenta abordar un concepto más dinámico y amplio, destinado a identificar, no sólo a grupos familiares pobres o que sin serlo pueden ser vulnerables, sino además, a los miembros de la familia que viven las mayores fragilidades(3).

¿Están los promotores de la  FPS, tanto a nivel central como local, considerando al inmigrante como uno de sus grupos-objetivos, bajo esta nueva concepción de vulnerabilidad? 

Algunas aproximaciones a la inscripción del inmigrante a la FPS

Si observamos la información recopilada por INCAMI(4) en el año 2011, en donde la institución demandó a los diversos municipios de la Región Metropolitana(5) y algunas comunas aledañas, el número y perfil socio-económico de los extranjeros inscritos a la FPS, podemos afirmar que existe una deficiencia institucional por parte de algunos municipios en captar y evaluar la situación (de vulnerabilidad) de los migrantes. 

La afirmación se basa en el supuesto de que mientras más personas incorpore la FPS, más eficiente será la política de protección social a nivel local. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo inscrito a la FPS tendrá acceso a algún o todo beneficio estatal. De hecho, existen casos que no logran obtener ningún subsidio una vez sido analizado por la FPS. Tal como se explicitó anteriormente, la FPS opera como un instrumento de evaluación de la situación económica y social del individuo y su hogar, permitiendo caracterizar sus carencias o fragilidades.

Al analizar el siguiente gráfico (ver grafico Nº1), que muestra el número de inscritos a la FPS por comuna desde su creación, diciembre del año 2006  hasta mayo del 2011, observamos que Santiago Centro supera significativamente al resto de los municipios, existiendo una diferencia de alrededor de 9000 inscritos con la que la sigue, Estación Central. Como una segunda categoría, podríamos agrupar a las comunas que cuentan entre 1050 y 2050 afiliados al sistema, específicamente Estación Central, La Florida, Las Condes, Conchalí y Maipú. Por último, como tercer grupo, se sitúan las que poseen menos de 1000 inscritos, como Ñuñoa, Cerro Navia, Providencia, San Joaquín, Colina, San Bernardo y el Bosque. 

Podríamos imaginar que el alto número de inscritos en ciertas comunas se vincula a  la cantidad de población inmigrante que reside en ella. La respuesta a esta suposición es: no necesariamente. Mediante un análisis estadístico que compara el número de inscritos a la FPS con la población total de extranjeros por comuna (para más detalle del análisis ver archivo PDF), se constata que en comunas como La Florida, Ñuñoa, Las Condes y Providencia, no existe dicha relación, ellas cuentan con un número importante de extranjeros y muy pocos inscritos a la FPS.

Gráfico Nº1.

Déficit de FPS: ¿una explicación sólo económica?

Frente a este escenario, cabe preguntarse ¿a qué se debe que existan comunas que presentan un alto número de inmigrantes inscritos y otras con más baja cantidad? ¿de qué depende esta variación? Una explicación “economicista” a esta interrogante sería afirmar que los extranjeros que viven en ciertas áreas (pensemos en la comuna de Las Condes por ejemplo) no se registran a la FPS porque no necesitan de los beneficios estatales que la ficha reportaría.  

Para poder responder a esta pregunta, se intentó conocer el nivel socio-económico de los inmigrantes que viven en las distintas comunas, bajo el objetivo de poder comparar la cantidad de hogares pobres que existen en las distintas zonas y, con ello, justificar el comportamiento de los municipios respecto a la inscripción a la FPS. Dada la falta de información actualizada en el ámbito migratorio(6), se tomaron los datos del Censo 2002, específicamente la variable “Clasificación Socio-Económica décil”(7). 

Tomando como referencia la comuna de Santiago Centro, la cual cuenta con mayor número de inscritos a la FPS, se buscó hacer una comparación del número de hogares inmigrantes de  los tres deciles más pobres de Chile de ésta comuna en relación a las restantes. Los resultados encontrados fueron que comunas como Estación Central, Conchalí, Cerro Navia, San Joaquín, Colina, San Bernardo y El Bosque, presentan mayor número de hogares de inmigrantes en los tres déciles más bajos, superando la cantidad que existe en Santiago Centro. Contrariamente, La Florida, Las Condes, Maipú, Ñuñoa y Providencia, cuentan con una cantidad menor de hogares en los tres deciles socio-económicos inferiores que la comuna de Santiago Centro (lo que no indica que no existan hogares pobres). 

Con el análisis antes expuesto, se confirma que la situación socio-económica de las familias inmigrantes en las comunas no explica el comportamiento de los municipios respecto a la inscripción a la FPS, lo que constataría que existe una falencia institucional de estos mismos en la promoción y aplicación del instrumento. Al menos en los casos de las comunas como Cerro Navia, San Joaquín, Colina, San Bernardo y El Bosque, se demuestra que, por albergar un mayor porcentaje de hogares de inmigrantes desfavorecidos que la comuna de Santiago Centro, deberían sobrepasar o al menos acercarse al número de inscripción a la FPS obtenido por esta comuna. 

En cuanto a las comunas “más ricas” como Maipú, La Florida, Las Condes, Ñuñoa y Providencia, pese a que cuentan con un porcentaje menor de hogares pobres a la comuna de Santiago Centro, las cifras de inscripción a la FPS, deberían también ser aumentadas. Dos son los argumentos que explican el por qué estos municipios deberían expandir su número de inscritos: uno, pese a que no exista una gran cantidad de hogares de inmigrantes indigentes o pobres, existe una importante población que experimenta otro tipo de vulnerabilidad. Esto se representa claramente en el caso de comunas como Las Condes que cuenta con un porcentaje elevado de inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico(8), donde muchos trabajan “puertas adentro”, y que tienen el riesgo de encontrarse completamente desprotegidos (sin redes sociales y familiares, sin vivienda y alimentos) en el momento que pierden el empleo. O también el importante porcentaje de extranjeros cesantes que existen en las comunas como Providencia (2,6% según Censo 2002) o Nuñoa (3,8% según el Censo 2002). Sin contar también el alto número de personas que se encuentran trabajando sin un contrato y con salarios que son inferiores al sueldo mínimo(9). Dos, sería un gran aporte para el municipio poder lograr conocer más a sus residentes mediante esta evaluación.

Si es cierto el diagnóstico que realizan algunos expertos respecto a las condiciones vulnerables que viven hoy en día gran parte de los inmigrantes en Chile (una fragilidad distinta a la de la pobreza de los chilenos); es fundamental que los municipios apunten a otros grupos como los extranjeros. El inmigrante también tiene derecho a esta evaluación. Esto de seguro traerá mayor bienestar tanto para el Estado como para los mismos migrantes.

NOTAS

(1) TORRES, Carmen. Soy Migrante, Tengo Derechos. Sistematización proyecto Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile. Fundación Instituto de la Mujer: Santiago, 2011. p.19

(2) Fundación Instituto de la Mujer, Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Programa de Género y Equidad de FLACSO-Chile, Casa de Encuentro de la Mujer (Arica)  y el Instituto Católico Chileno de Migración.

(3) MIDEPLAN. Nueva Ficha de Protección Social, Un Acceso Más Justo. Apuntes de Protección Social. Ministerio de Planificación. Chile, Agosto, 2006, Nº2. p.1

(4) Instituto Católico Chileno de Migración.

(5) Se demandó a todas las comunas de la Región Metropolitana y algunas aledañas, sin embargo, no se obtuvo la información requerida de Macul, La Pintana, Vitacura, La Reina, Peñalolén, Quinta Normal, La Cisterna, La Granja y San Miguel.

(6) Solo existen dos encuestas que logran acercarse a esta variable: Casen y Censo. No obstante, la Casen a nivel comunal y tomando solo los extranjeros contiene un error muestral muy alto, por lo cual no se pueden hacer estimaciones. El Censo no toma directamente la pregunta ingreso, sin embargo, mediante distintas preguntas como tipos de bienes que posee la familia, tipo de trabajo, etc. puede lograrse tener un mejor acercamiento.

(7) INE creó una variable denominada CSE décil, el cual establece una Clasificación Socio-Económica de los hogares por deciles. 

(8) Ver Anexo 1.

(9) ESPEJO, Nicolás y ROJAS, Marcelo. Informe anual sobre derechos humanos en Chile, 2007. Hechos

2006. Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales. Chile: 2007; CANO, María Verónica; CONTRUCCI, Magdalena et MARTINEZ, Jorge. Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. Chile, 2009